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Ante palpable caos electoral es de interés nacional exigir responsabilidad total a los encargados del proceso para saber qué fue lo que pasó

Publicado originalmente en https://www.las2orillas.co/

Las elecciones del 13 de marzo de 2022 para Congreso de la República han sido cuestionadas. Voces provenientes de diversas posiciones del espectro político han hablado en voz alta, media y baja de delitos, faltas y fraude electoral. Tema delicado. Posición peligrosa frente a las elecciones presidenciales en dos vueltas de mayo-junio.

Ante palpable desgreño administrativo-electoral es de interés nacional exigir responsabilidad total a los encargados del proceso electoral. También investigar y sanciona la comisión de delitos, faltas y fraudes electorales.

Ética y eficiencia administrativa electoral es lo que esperan los votantes de las autoridades de este orden, porque lo que surge de un proceso eleccionario es nada menos que la conformación del poder de la nación y en especial de la representación nacional parlamentaria. Mientras tanto, las elecciones de marzo 13/22 están en suspenso o bajo sospecha en sus resultados.

De los procesos eleccionarios sale la representación nacional

Las elecciones le permiten al pueblo dar su consentimiento a los representantes que habrán de parlamentar, actuar y decidir en su nombre. Serán ellos los que aprobarán las leyes, guardarán la Constitución y realizarán el control político.

El representante, es bien sabido, representa a la nación como unidad indivisible y no al elector o al colegio electoral. La Asamblea adquiere el derecho de “querer” por la nación, sobre la base de la idea de la soberanía del pueblo.

A través de la elección se produce la delegación de poder y los actos de los representantes pasan a ser considerados como “obra de todo el pueblo”, que ejerce la soberanía por su intermedio, estando ahora investidos del poder de representación porque la nación no se gobierna a sí misma, es gobernada.

Sin embargo, los electores no quedan privados del poder de resistencia frente a los gobernantes injustos porque el pueblo “habla” no solo el día de las elecciones. En momentos que se podrían calificar de infaustos, el pueblo de Colombia debe hablar alto y fuerte para exigir claridad, pureza y auditaje de lo ocurrido en el malhadado proceso.

El acto de votar, acto humano individual y social, refleja los comportamientos de los electores

El 13 de marzo al parecer el análisis comportamental habría que hacerlo recaer mucho más sobre jurados, testigos electorales y el personal transmisor de los datos de preconteo, que en los propios electores. A nuestro cuerpo electoral tal vez le cabe un solo reproche, su voluntario extrañamiento de las urnas; fenómeno universal sobre el cual caben miles de explicaciones y teorías, tantas como tipos de electores haya en una nación afortunada de tener vida democrática.

Personalmente me acojo —tal vez como consuelo— a aquella que dice que las sociedades satisfechas son las que más tienden a la abstención por no ver en su sistema grandes clivajes o inminentes peligros.

Como se aproximan las presidenciales y lo sucedido el 13 de marzo no es como para no sonrojarse, a mis compatriotas les digo -ojalá no como profeta en el desierto- que sí hay peligro y sí hay fuertes clivajes. La democracia es dulce, fragante y delicada flor que hay que cuidar todos los días.

 Los comportamientos político-electorales

La lucha por el poder suele ser pasional. Con frecuencia puede dar lugar a una degradación de los comportamientos, a fallas y claudicaciones en las conductas de los ciudadanos. Por ejemplo, a fenómenos de corrupción, intimidación, fraude y otros fenómenos patológicos que pueden conducir a la caída de gobiernos y la ruina de los estados.

En su forma más sencilla, la corrupción es la obtención de decisiones favorables de parte de los funcionarios a cambio de ventajas materiales, donativos o promesas.

Es la compra de conciencias, la coima, la propina, el “CVY” (el Cómo Voy Yo), el prevaricato y el tráfico de influencias, las cadenas de complacencia que constituyen el parentesco, la alianza, la amistad, los negocios, el “palancazo”, la puerta giratoria.

La complejidad de los procesos electorales debe estar protegida de los comportamientos delictuosos

De las malaventuradas elecciones de marzo 13, Colombia tiene que investigar todo bien a fondo para no volver a caer, en las presidenciales, en semejante hueco tan ignominioso so pena de cargar el sambenito del fraude —real o imaginario de los perdedores— durante cuatro años y más. Restaurar la credibilidad y confianza en un sistema electoral tarda años.

La complejidad de los procesos electorales exige total protección

Esta complejidad gira sobre la acción de “elegir”. Es decir, de escoger una persona, un equipo, o un programa. Las elecciones son la quintaesencia de lo político relativo al Estado y de manera más profunda lo relativo al poder.

Ellas agregan las preferencias sociales, grupales e individuales, las amalgaman, acrisolan y clasifican mediante decisiones de individuos que siendo libres están sometidos a las presiones de fuerzas ideológicas enfrentadas que luchan por lograr su adhesión a través de procedimientos reglados y aceptados como obligatorios en sus resultados.

Para las sociedades liberales la votación es un procedimiento de especial validez dentro del grupo, la organización o el Estado. Colombia ha sido desde su independencia una sociedad liberal de corte occidental.

Hoy no podría involucionar a forma arcaicas del poder como el caudillismo, la jefatura surgida del golpe de mano o del golpe técnico y meno del “anforazo” peruano o de nuestro “chocorazo”. El fraude del “Registro de Padilla” (febrero de 1904), no puede resurgir de las cenizas del olvido para volver a llenar a Colombia de suspicacias y del sistema del botín.

El concepto de “elección” exige precisar nociones afines o consustanciales

Que son de diferente calibre y tenor, pero tienen en común que confieren determinados poderes e imponen determinados deberes dentro de una organización a través del empleo de diferentes métodos para la toma de decisiones: la designación, la cooptación, la elección.

De todas estas formas y sobre todo de la elección se exige que sean libres, democráticas y elevadas al plano de normas constitucionales. En Colombia desde 1991 lo electoral está abundantemente elevado al nivel constitucional, mas no siempre con fortuna o técnica. Sí se han hecho ajustes, pero en modo “hiper” y no siempre para lo mejor.

Lo eleccionario es valioso

Las elecciones permiten a los ciudadanos escoger por medio de papeletas depositadas en una urna a personas o a la persona que deba ocupar un cargo.

Se trata de una opción valiosa y socialmente reconocida que exige ser organizada por órganos públicos estatales de acuerdo con procedimientos éticos y legales que vinculen a electores, elegidos, partidos y autoridades electorales para que puedan conferirle legitimidad al sistema.

Como nunca antes, las de Congreso de la República disuenan, no satisfacen, han dejado un sabor amargo. Algo muy peligroso, deprimente, enervante.

Las dictaduras celebran “elecciones”. Sí, ciertamente, pero ellas carecen del sustrato básico de la democracia electoral de corte liberal y por lo tanto no les confieren la legitimidad democrática.

En 1957 Colombia dijo: «No va más, recuperemos nuestra democracia» y fue recuperada casi que de manera incruenta. En las elecciones de mayo-junio debemos volver al buen camino de lo puro y sin mancha, como se hacía antes con decoro.

De fenómenos de corrupción política no está exenta la democracia liberal

En la democracia liberal estos fenómenos -sobre todo de clientelismo- no están ausentes. Vienen de la antigüedad europea y del caciquismo criollo. Sociedades industriales avanzadas los conocen. En el Tercer Mundo es manera de vida en el sector primario y sobre todo en el sector estatal. Son formas de un poder fuerte y autoritario que surgen a causa del debilitamiento del poder central y la focalización del mando en las regiones de caciques, terratenientes y caudillos locales.

El clientelismo invasor

Con el arribo del Estado-nación y la incipiente burocracia -generadora de las primeras formas de clases medias- se extendió el fenómeno a unos partidos que comenzaron a desarrollar relaciones clientelares que convirtieron la lucha por el voto en el referente de la relación de lealtad entre patrón-clientes, como una forma de articulación de los intereses y reforzamiento del control socio-político.

El patrón ofrece influencia y recursos a cambio de dar protección y beneficios a la persona del cliente y este le retribuye ofreciéndole apoyo, obediencia y lealtad. Se trata de un intercambio entre desiguales que busca la reciprocidad. Es una relación privada asimétrica, un juego vertical desigual, una serie de “paquetes” de intercambio que caminan entre las delgadas líneas del Código Penal.

El clientelismo en Colombia

Colombia no ha estado exenta del clientelismo y cabe esta pregunta: ¿El cuestionamiento de las elecciones parlamentarias de 2022 ha tenido como base formas del clientelismo? ¿Es subsanable este antidemocrático fenómeno? ¿De haberse dado, se repetirá en las presidenciales? ¿Corrupción política, solo electoral o de ambas?

El concepto de corrupción “política”

Va mucho más allá de las simples tipologías jurídicas porque adquiere un sentido cultural más profundo y arraigado en el seno de la sociedad. La relación entre corrupción “general” y corrupción política es mucho más profunda de lo que se cree porque no es reducible solo a lo delictivo, sino que se extiende a “maneras de ser” de una determinada sociedad. Lo electoral tampoco está exento de fenómenos de corrupción. ¿Los hubo en marzo/13?, ¿de quién o de quiénes?

La corrupción política puede ser también “electoral”

La corrupción electoral falsea la concepción del sufragio democrático y hasta el propio concepto de elección. Se configura ella mediante todo acto o procedimiento que atente contra el legítimo y libre ejercicio del derecho fundamental al sufragio.

Son actos que se manifiestan generalmente bajo la forma de una alteración o adulteración de la auténtica voluntad de los electores a través del falseamiento de los resultados electorales o por medio de una conspiración contra la “pureza del sufragio” que lesione los dos valores fundamentales de la democracia: la libertad del elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio.

En las elecciones de marzo/13 cuál de estos dos valores fue lesionado: ¿La libertad del elector o la fidelidad del escrutinio? Y de este, ¿el de mesa o el oficial? O, ¿todo viene de un “conteo” troyano, malicioso, de hackeo, hardware, software, FaaS o MaaS de los sistemas? Por ahora todo parece ir hacia el preconteo de mesas de votación y se impone realizar investigaciones de fondo y forma.

La corrupción electoral deslegitima el acceso al poder

Así mismo, atenta contra el régimen democrático representativo y trae descreimiento en la institución del sufragio por contrariar la voluntad mayoritaria de los electores y de contera perjudica a candidatos y partidos políticos.

Acarrea el escarnio internacional y pone en duda el código de ética política o la cultura política del país censurado. Esto nunca había ocurrido, por lo menos desde las presidenciales de 1970. Conocemos y padecemos todavía las consecuencias. Advertencia para el momento actual: Guerra avisada no mata soldados.

La corrupción electoral es de carácter ético-político más que jurídico

Más que de carácter penal -de delito, falta o fraude electoral-, lo es de tenor ético-político por dar lugar su ejecución a la transgresión de un conjunto de normas mucho más extenso que la propia ley.

Se trata de una transgresión de carácter ideológico, político y doctrinario que afecta el sentido colectivo de moralidad de un pueblo en sus contenidos axiológicos y culturales. Además, es mala hierba invasora. Roya que carcome los fundamentos de la democracia, como lo narra muy bien Jairo Mejía Cuello en su novela “El alcalde de Macondo”.

La corrupción electoral puede afectar el proceso eleccionario en todas sus etapas fundamentales

– “Antes” de la votación, por manipulación del censo electoral, gerrymandering (con “craqueo”, “empaquetada”, “secuestro”), obstrucción a la actividad partidista, retención de cédulas electorales.

–“Durante” la votación, por ejercer violencia electoral, soborno de elector, doble o múltiple votación, introducción fraudulenta de votos en las urnas electorales, quema del material electoral, taponamiento de vías, entre otros. Etapa a revisar con sumo cuidado, sobre todo en las llamadas zonas rojas de grupos armados de toda índole.

–“Después” de la votación, por no computar votos válidos o aumentar ficticiamente los cómputos durante los escrutinios de mesa o los oficiales. Etapa a revisar con sumo cuidado y acompañamiento de todos los órganos de control, veedurías nacionales e internacionales en busca de los autores del ilícito, etapa al parecer la más afectada el 13 de marzo.

Los “actores” y promotores de la corrupción electoral

Pueden ser muchos los agentes ejecutores e ideadores de este atentado contra la democracia. Destacan: los partidos políticos, los candidatos, los electores, terceros, funcionarios electorales, contratistas de la organización electoral, funcionarios y magistrados del Estado, jurados de votación, testigos electorales.

De encontrarlos, se deben sancionar con las máximas penas porque si bien todo delito debe ser sancionado, los delitos electorales afectan la propia vida democrática del sistema. Es decir, los afectados son todos los miembros del censo electoral y de contera todos los del censo demográfico.

Las conductas punibles en materia electoral

Pueden ser numerosas y susceptibles de sanciones penales, policivas, disciplinarias y fiscales. Destacan casi universalmente las siguientes: financiación fraudulenta de campañas, excesos o indebida publicidad electoral, favoritismo de los medios de comunicación, tráfico de influencias, soborno, amenazas y violencia, prevaricato, falsedad documental, omisión o retardo en el ejercicio de funciones públicas, manipulación de computadores.

Frente a estas conductas punibles debe darse una actitud no solo represiva sino también preventiva. Es el campo del ius puniendi en sentido amplio, donde cabe el ius puniendi electoral.

A las conductas atentatorias contra la integridad del proceso electoral durante las elecciones de marzo 13/22 las respectivas autoridades sancionadoras deben aplicar a sus autores -por acción u omisión- todo el sistema de normativas pertinentes. Nunca antes como en esta ocasión se había hecho tan necesario ejemplarizar.

Las formas corruptas de lo eleccionario están sancionadas -entre otras- por el derecho electoral

Este derecho trata de establecer estrictos controles a la corrupción electoral, a fin de rodear de garantías el derecho al sufragio. Estos controles, universalmente aceptados, son de tres tipos.

– “Preventivos”: Imparcialidad y responsabilidad de los funcionarios electorales, secreto del voto, publicidad del escrutinio, libertad del elector, fidelidad de los cómputos de votos.

– “Punitivos”: Represión de la ley con medidas sancionatorias y medidas correctivas, castigo a los responsables, sanciones administrativas, arresto de horas por orden del presidente de la mesa de votación, destitución del funcionario electoral por incumplimiento de sus deberes, multas a los ciudadanos que sin justa causa no acudan a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen.

– “Correctivos”: Enmendar los actos de elección donde se observen errores, nulidades o acciones dolosas, impug naciónde los resultados electorales ante los funcionarios encargados de escrutar los votos y declarar la elección, impug naciónante los jueces para que se anulen votos o se anule la elección realizada sin el lleno de los requisitos.

Tarea urgentísima de la organización electoral colombiana

La organización electoral debe consagrar sus esfuerzos de manera prioritaria en la labor de perfeccionar estos tres tipos de controles. En especial los delitos electorales, junto a la Fiscalía General de la nación (tema de la próxima N.C.). Los aspectos contractuales, junto a la Contraloría General de la República. Las faltas disciplinarias, junto a la Procuraduría General de la nación y su poder preferente.

El Consejo Nacional Electoral sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Gobierno Nacional pedir desde ya el arribo de los Veedores internacionales para que al momento de la primera vuelta presidencial no haya manto alguno de duda.

Lo que se necesita frente a las elecciones del 13 de marzo es rigor, celeridad, firmeza en la investigación de lo sucedido. A los eventos eleccionarios de mayo-junio no se puede llegar sin antes haber presentado los resultados ciertos, veraces, reales, honestos, francos y sinceros de los diferentes investigadores de la complejidad eleccionaria ante, durante y post. YA.

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